Una nueva carta de derechos. El horizonte del “Commonfare”.

por Emmanuel Rodríguez[1]

¡Qué empresa podría pagar por medio de un salario la multitud de beneficios cognitivos, culturales y sociales que se derivan de la inmensa trama de la cooperación social! Puesto que la nueva riqueza es producto de un trabajo que no se paga y que no puede ser pagado bajo salario, es posible reencontrar un nuevo criterio de derecho, que exija el reparto de la riqueza como forma de una nueva justicia; una justicia fundada en el derecho a la reproducción social autónoma y a la autoorganización del trabajo vivo.

en El gobierno imposible: Trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia, ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2003

pp. 183-188


En el terreno de la propuesta política, en el horizonte de un nuevo ciclo de luchas, es necesario reinventar el proyecto radical en la forma de enunciados condensados que demuestren la nueva potencia expresiva y política del Trabajo Vivo.En 1838, el movimiento cartista presentó en el Parlamento inglés una exigencia intempestiva: derechos para el trabajo, igualdad democrática, derechos de participación y libertad de asociación. Desde entonces, y con versiones a un tiempo más acabadas y mas radicalizadas, el movimiento obrero ha sido portavoz de esta exigencia democrática contenida en el right for labour: derechos para los productores de riqueza, autogestión, socialización, colectivización de los medios de trabajo; democracia y derecho de autoorganización. En 1842, los cartistas impulsaron la primera huelga política en la historia del industrialismo europeo. Con el silencio de las máquinas se elevaba a mito y posibilidad la fuerza autoorganizada del trabajo vivo: la concatenación imprevisible de potencia constituyente y medios de presión a través de la interrupción coordinada del flujo de trabajo. El siglo que se abre tiene que volver a inventar la Carta del Trabajo y la Huelga General. Esta exigencia debe partir de una revisión crítica de todos los enunciados que compusieron los postulados del viejo pacto social en crisis. No más pleno empleo, no más derechos sociales fundados en la contraprestación del empleo. Por lo tanto, la nueva Carta retoma el viejo fundamento del right for labour. Pero esta reivindicación de nuevos derechos para el trabajo vivo, no se deriva de la consideración del trabajo asalariado como sujeto central de la producción, ni desde luego en la presunta tendencia a la disminución del trabajo socialmente necesario. No se trata de reemprender los proyectos imposibles de la izquierda por el reparto del empleo. Por el contrario, la nueva Carta es una denuncia y una exigencia de abolición del régimen salarial que, hoy por hoy, se descubre como el medio exclusivo de precarización generalizada de la vida, un dictado forzoso, que no corresponde como remuneración a la prestación social de trabajo.
¡Qué empresa podría pagar por medio de un salario la multitud de beneficios cognitivos, culturales y sociales que se derivan de la inmensa trama de la cooperación social!

Puesto que la nueva riqueza es producto de un trabajo que no se paga y que no puede ser pagado bajo salario, es posible reencontrar un nuevo criterio de derecho, que exija el reparto de la riqueza como forma de una nueva justicia; una justicia fundada en el derecho a la reproducción social autónoma y a la autoorganización del trabajo vivo. La nueva Carta del Trabajo debería ser, de este modo, el resultado en términos de norma jurídica de la ofensiva generalizada de la nueva composición del trabajo -caracterizada como dispersión de las fronteras entre producción y reproducción, subsunción de la vida en el trabajo y centralidad tendencial del trabajo inmaterial- contra el mando arbitrario del capital. La producción de derecho que, de un modo fuerte e irresistible, cifre las posibilidades políticas y civilizatorias del exceso subjetivo. Aún cuando, esta ofensiva está todavía en su fase embrionaria, al menos tres enunciados de creación de derecho, componen ya el cuerpo común del nuevo ciclo de luchas:

- Derecho a la movilidad. Movilidad física, entre las fronteras interestatales, como expresan con fuerza e imprevisibilidad tendencialmente antisistémica los movimientos migratorios Sur-Norte y Este-Oeste. Derecho de fuga de espacios y condiciones inhabitables. Por lo tanto, también derecho político frente a las condiciones de opresión, explotación o subordinación cultural. De igual modo, derecho positivo a formar nuevos nichos existenciales, nuevas formas de vida y nuevas comunidades. En definitiva, derecho a la movilidad, contra sus críticos, como fuerza creadora de una nueva riqueza a nivel planetario, desbloqueo de situaciones muertas, y dinamo de recursos subjetivos y existenciales condenados. En este sentido, el derecho a la movilidad garantizado por medio de un estatuto de ciudadanía universal, es la contraparte de lo que Boltanski y Chiapello han descrito como la explotación de los inmóviles por los móviles[2] O lo que es lo mismo, el derecho de ciudadanía universal es la contraparte de la financiarización del ciclo económico y la movilidad de capitales, de la aceleración vertiginosa de un mercado mundial que explota, de forma intensiva, a los países del Sur.

- Derecho de acceso a la información y a la libre producción de saberes y conocimientos. O si se prefiere, derecho a la autoorganización del General Intellect[3] no sujeta a las reglas corporativas sobre propiedad intelectual -copyright, patentes, cánones- que, por un lado, limitan el acceso a la información y, por otro, desposeen a los sujetos sociales de la posibilidad de orientar y dirigir la producción de nuevas tecnologías con usos sociales no destructivos -como ocurre con los OGM[4]. Por lo tanto, ruptura de toda traba institucional y privatista a la producción, modificación y multiplicación de los saberes. Según el modelo del software libre, este nuevo derecho comprende las libertades de acceso, de producción y de difusión. Contra los críticos del modelo hacker de conocimiento, habrá que decir: que la producción de saberes no queda garantizada por las leyes de propiedad en manos de las grandes corporaciones, antes al contrario éstas van detrás y a rastras de las tramas de cooperación social, que sustentan la producción cognitiva, como demuestran la creación de nuevos estilos musicales de la mano de las grandes corrientes sociales, la propia expansión del software libre o los 700 años de producción científica y de libertad de acceso al conocimiento en las grandes universidades europeas.
Las leyes de patentes, que privatizan desde colores -los llamados pantones- hasta los genes de seres vivos, desde melodías musicales hasta algoritmos informáticos, impiden y bloquean la posible multiplicación del conocimiento y sus utilidades comunes, al tiempo que organizan la desposesión generalizada del principal orden patrimonial del conjunto humano: el saber general[5]. Un cuerpo de conocimientos que es siempre producto de hebras muy complejas de cooperación; hebras que, por otra parte, no se dejan descomponer en una secuencia del tipo productor/creador y público/receptor, tal y como pretenden las leyes sobre propiedad intelectual con la identificación de las figuras centrales del autor, el creador, la empresa o la llamada investigación científica. Derecho pues a la autoproducción social del conocimiento de acuerdo con reglas propias y separadas de la formación de capital. Derecho a la defensa y expansión de las tierras comunes del conocimiento según el horizonte que la pasión civil de algunas tradiciones intelectuales -el conocimiento al servicio del común- y ahora la ética hacker descubren como el nexo de posibilidad de unos saberes gestionados políticamente por la comunidad.

- Derecho general e incondicionado a un salario mínimo garantizado. Renta Básica Universal y sin contrapartidas como único medio de pago de: a) el trabajo actualmente no remunerado, las tramas de la cooperación social que benefician a todo el tejido empresarial; b) el trabajo cognitivo, afectivo y relacional no mensurable en unidades-tiempo de trabajo simple; y c) la enorme explotación de las periferias. Los críticos de la Renta Básica han estimulado al menos dos líneas de argumentación. Una primera, liberal, que congruentemente con la genealogía ideológica del individualismo metodológico argumenta: “La Renta Básica no estimula el trabajo, la producción, el servicio social; produce individuos apáticos, átonos, sin iniciativa, del mismo modo que en la URSS, y en el socialismo real los sujetos se hundían en la desidia de la falta de estímulo.” Una ecuación sutílmente pobre: estímulo=dinero. A ellos bastará recordarles la historia de los últimos 40 años. La contracultura, las redes telemáticas, la renovación de los estudios sociales, la expansión de los horizontes de vida de las mujeres, el trabajo militante, el trabajo voluntario y un largo etcétera, no tenían, ni tienen, nada que ver con ese rango de motivaciones. Por el contrario, han sido el deseo de autonomía, la pasión civil y el gusto por los asuntos comunes, los que definitivamente han transformado, para bien, el mundo tal y como lo conocemos. La imagen de un individuo en pijama delante del televisor a las 11 de la mañana, es sólo una imagen de la frustración que se presenta como la ausencia de alternativa. Pero la alternativa es, hoy por hoy, la actividad misma de los sujetos, el trabajo vivo que transforma y produce el mundo. Segunda objección, de tipo radical: “La Renta Básica refuerza el aparato de redistribución del Estado, legitima el gobierno del capital y la represión de la disidencia.” Precisamente, esto es no comprender el carácter de la Renta Básica. No se trata de mera redistribución de la riqueza a cambio de empleo como ocurría en el welfare. La Renta Básica es la posibilidad de organizar de motu propio el trabajo vivo dentro y ¡contra! la formación de capital, como demuestran ya los ensayos de autoproducción de los primeros soviets del cognitariado: freesoftware, empresas sociales, redes comunitarias, etc. El acento, pues, no está en la redistribución y la consiguiente legitimación del aparato estatal, como en el pago de todas esas “ fuerzas que -como decía Marx- se desarrollan con el desenvolvimiento de la sociedad y que [al capital] nada le cuestan ”. Una renta que posibilita la autoorganización del trabajo vivo. La Renta Básica no refuerza tanto al aparato estatal, como da impulso a una relación de fuerzas favorable que obliga al capital y por lo tanto al Estado, a reconocer este ingreso mínimo -acumulable con la renta derivada de cualquier trabajo- como derecho inalienable y universal.
La Renta Básica es el horizonte nuevo de democracia de las multitudes, la fuente de un nuevo derecho para la autoorganización del trabajo

Estos tres enunciados básicos pueden componer el índice de esta Nueva Carta del Trabajo Vivo: derecho a la movilidad y estatuto de ciudadanía universal: derecho de acceso a la información y a la libre producción de saberes; derecho a una renta mínima universal como remuneración de las tramas de cooperación no pagadas y como posibilidad abierta de autoorganización del trabajo vivo. Constitución material de un nuevo régimen de producción y creación de sociedad que llamamos Commonfare . La etimología del Commonfare denota suficientemente esta intención política. La partícula fare viene de tarifa o precio, pero su raíz y su acepción antigua provienen de la vieja partícula anglosajona para denominar, por una parte, la comida o las provisiones y, por otra, la acción de conseguir éxito[6].

El conjunto nuevo de derechos, que se propone como contenido de la Carta del Trabajo Vivo recoge ambas acepciones: una riqueza que coincide a su vez con el sujeto de la producción, una materialidad que comprende la forma de la riqueza y la acción -el conjunto de las tramas de cooperación social- que las produce. Una riqueza que además debe ser común en tanto que ya es producción común. El Commonfare tiene poco que ver con el Welfare . No se trata de un bienestar administrado, un intercambio siempre desigual entre el trabajo asalariado -que pone todo el esfuerzo en la producción de valor- y la dotación de unas garantías mínimas de acceso a los servicios públicos básicos. Commonfare es, por el contrario, no reciprocidad del trabajo con el capital, posibilidad de autoorganización, éxodo dentro y en contra del trabajo asalariado.



Emmanuel Rodríguez es licenciado en Sociología por la UNED y Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
Nota de la presente edición digital: Boltanski y Chiapello se refieren a la desventaja del inmóvil en un mercado global: el inmóvil se ve obligado a aceptar las condiciones que imponga el capital. Por ejemplo las empresas pequeñas han de aceptar las condiciones de subcontratación que les imponen empresas mayores que operan en red.
En Marx, significa experiencia técnica y conocimiento social general: inteligencia de los comunes. Como diría Westanley, Razón y mano puesta a trabajar de los commons
Organismos genéticamente modificados
Es decir, General Intellect
Commons también significaba pueblo llano, gente corriente, gente común y corriente